Cinco años después del polémico altercado en Cancún entre Livia Brito, su entonces pareja Mariano Martínez y el fotógrafo Ernesto Zepeda, la justicia mexicana ha cerrado el caso con una resolución definitiva: la actriz cubano-mexicana deberá pagar una indemnización de 1.2 millones de pesos por daño moral, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un caso que sacudió al mundo del espectáculo
El incidente se remonta a junio de 2020, cuando Brito y Martínez fueron fotografiados durante unas vacaciones en la playa. De acuerdo con el relato del paparazzi, al notar que estaban siendo captados, la pareja lo agredió físicamente, le causó heridas en el rostro y destruyó parte de su equipo de trabajo. El conflicto derivó en una demanda civil presentada en 2021, en la que Zepeda solicitó una compensación por el daño físico y emocional sufrido.
En marzo de 2024, un juez civil falló a favor del fotógrafo, sentenciando a Brito y su expareja al pago de una indemnización. La actriz impugnó la resolución, argumentando que se habían violado sus derechos a la privacidad y a la imagen propia, y llevó el caso hasta la SCJN.
El fallo definitivo: la libertad de expresión por encima de la privacidad
El 25 de junio de 2025, la SCJN desechó el recurso de revisión promovido por la actriz y ratificó la sentencia. Esto significa que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quedó firme, obligando a Brito y a su ex a pagar la suma determinada.
Según la abogada Marcela Torres, quien habló sobre el tema en el canal de YouTube de Javier Ceriani, la Corte consideró que al tratarse de una figura pública, Brito debía aceptar una menor protección de su vida privada, sobre todo cuando los hechos ocurrieron en un espacio público como una playa.
[“Ella decía que era un precedente importante porque su privacidad estaba por encima, pero ya dijo la Corte que está por encima la libertad de expresión”, señaló la abogada.]
Livia Brito, entre la defensa de la privacidad y la condena pública
Previo al fallo definitivo, Livia Brito compartió un video en su cuenta de Instagram celebrando que la SCJN había admitido el amparo para revisión, señalando que su caso representaba una oportunidad histórica para defender los derechos a la vida privada y a la propia imagen.
“La Suprema Corte atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen”, expresó la actriz en sus redes sociales.
Sin embargo, tras la resolución final, su postura no fue respaldada por la máxima autoridad judicial del país, lo que marcó un duro revés en su carrera y una clara advertencia sobre el uso de la fuerza frente al ejercicio periodístico, incluso en casos de desacuerdo con la invasión a la intimidad.
Un precedente en la relación entre famosos y medios
El caso de Brito y Zepeda se ha convertido en un referente para analizar los límites entre el derecho a la privacidad de las figuras públicas y la libertad de prensa. La resolución de la SCJN ha sido interpretada como un respaldo a los derechos de los medios de comunicación, siempre que se actúe dentro del marco legal y sin poner en riesgo la integridad de terceros.
Aunque Livia Brito intentó argumentar que la publicación de las imágenes constituía una violación a su intimidad, la Corte dejó claro que el interés público y la libertad de expresión prevalecen cuando se trata de personajes con exposición mediática y actividades realizadas en lugares accesibles al público.
¿Qué sigue para Livia Brito?
Con este fallo, la actriz deberá pagar la suma ordenada por el juez, y el caso se da por cerrado en lo judicial. Sin embargo, las consecuencias públicas podrían extenderse más allá de los tribunales. La opinión pública ha estado dividida entre quienes apoyan la defensa de su privacidad y quienes condenan la agresión cometida contra un trabajador de los medios.